Fraude millonario a la Seguridad Social con las becas de investigación

Las denuncias presentadas por FJI-Precarios, desde 2006, ante la Inspección de Trabajo han concluido en actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social por fraude de más de 2 millones de euros por incumplimiento del Estatuto del Personal Investigador en Formación (RD 63/2006) y por encubrimiento de puestos de trabajo en más de 200 becas de
investigación.

Desde el año 2000, la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (www.precarios.org) ha venido denunciando la precariedad laboral y el fraude asociados a la financiación mediante becas de los recursos humanos en el ámbito de la I+D+i. Desde entonces, las acciones reivindicativas de
la FJI-Precarios se han centrado en reuniones con los distintos Gobiernos Centrales para sustituir el sistema de financiación mediante becas por otro dirigido a la contratación del personal de investigación. No fue
hasta febrero de 2006 cuando se aprobó una normativa que, si bien no satisfació al completo las exigencias de la FJI-Precarios, marcó un antes y un después en la regulación de las ayudas a la investigación para financiar los Recursos Humanos: el Estatuto del Personal Investigador en
Formación (EPIF) (1).

Dado que el ámbito de aplicación del EPIF no incluye a la totalidad de las ayudas para Recursos Humanos ni contempla la contratación desde la etapa inicial de la carrera investigadora, en enero de 2008 la FJI-Precarios
puso en marcha la campaña "No más becas por trabajo"
(www.precarios.org/No+BecasxTrabajo). Esta iniciativa aborde de forma específica el fraude a la Seguridad Social asociado al encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas (cuestión ampliamente reprendida por los Tribunales de Justicia) de investigación, así como al incumplimiento del
EPIF.

La minuciosa labor desarrollada en esta campaña ha conducido a la interposición de más de 20 denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por unas 200 becas de investigación fraudulentas. Una parte de estas denuncias están motivadas por el fraude a la Seguridad Social generado por incumplimiento del EPIF. Es el caso de 150 becas de
investigación convocadas por el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, Consejerías de Educación de Castilla-León, Andalucía y Canarias, instituciones dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda y
fundaciones privadas. Estas denuncias han dado lugar a actas de liquidación que ascienden a un millón de euros. Por otro lado, se ha denunciado el fraude relacionado con 50 becas de investigación convocadas por fundaciones privadas que encubrían puestos de trabajo y que ha dado lugar a actas de infracción y de liquidación que suman más de un millón de
euros.

En promedio, el fraude a la Seguridad Social destapado por las denuncias de la FJI-Precarios es de unos 10.000 euros por beca. Teniendo en cuenta un estudio encargado en 2006 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que estimaba en 150.000 el número de becarios en España y que la gran mayoría encubría puestos de trabajo (2), se puede intuir que el fraude a la Seguridad Social vinculado al mal uso de de las becas podría
ser multimillonario. A día de hoy, las becas de formación o prácticas dirigidas a titulados universitarios han substituido prácticamente a la contratación en prácticas. Así, las becas se han convertido en la principal vía de acceso al mercado laboral en España del capital humano mejor formado: titulados universitarios. La inserción laboral mediante becas conlleva no sólo fraude a la Seguridad Social sino además irregularidades laborales al carecer de derechos laborales, salud laboral además de las prestaciones por desempleo.

En una coyuntura como la actual, en la que se plantea la reforma del sistema de pensiones o el retraso de la edad de jubilación, resulta irresponsable por parte de los Gobiernos Central y Autonómicos no tomar medidas para erradicar esa extendida práctica de encubrir puestos de trabajo mediante becas. Dicha praxis retrasa la ya tardía incorporación al
mundo laboral de los titulados universitarios y en consecuencia la edad de inicio en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Por ello, reclamamos al Gobierno del Partido Socialista cuatro medidas para erradicar este fraude:

1.- Que la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación incluya en su articulado el establecer que todas las ayudas a la investigación para los recursos humanos vayan dirigidas de forma obligatoria a la contratación de
todo el personal de investigación. De esta forma, además de ofrecer un marco laboral más adecuado para el desarrollo de la carrera investigadora,
se evitarán problemas legales a los Centros de Investigación relacionados con irregularidades laborales.

2.- Cumplir su programa electoral 2008 sobre mejoras en la calidad del empleo joven (3). Esto implica modificar la normativa vigente que regula las prácticas no laborales de estudiantes en empresas a fin de suprimir la
extendida práctica de fraude a la Seguridad Social.

3.- Dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de personal y recursos necesarios para realizar campañas anti-becas en empresas e instituciones públicas.

4.- Instar al sector público a liderar las políticas de recursos humanos dirigidas a los jóvenes en las que se fomente la contratación en sustitución de las becas.

La FJI-Precarios continuará persiguiendo todas las acciones que supongan un fraude sin descartar acudir a la vía penal contra los responsables de los centros que reincidan en conductas irregulares.